SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA
La Constitución Política de 1991, introdujo la figura del control interno para propiciar el cumplimiento de los fines de las entidades públicas y los principios de la función administrativa. En desarrollo de ese mandato se expidió la Ley 87 de 1993 y luego la 489 de 1998, que dispuso la creación del Sistema Nacional de Control Interno.
El control interno es concebido desde la Ley 87 de 1993 como el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.
Con el fin de estandarizar una estructura básica necesaria para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Control Interno en todas las entidades obligadas de conformidad con el artículo 5 de la Ley 87 de 1993, el Gobierno nacional adoptó mediante Decreto 1599 de Mayo 20 de 2005 el Modelo Estándar de control Interno para el Estado Colombiano -MECI 1000:2005, este modelo se construyó partiendo de una cooperación internacional establecida con la USAID, dentro de un programa de transparencia y rendición de cuenta en Colombia.
Adicionalmente, con el fin de orientar a las entidades en la implementación y desarrollo de cada uno de los subsistemas, componentes y elementos que conforman el mismo, se adoptó mediante la Resolución No. 142 de 2006 el Manual de Implementación.
El MECI busca unificar los criterios y parámetros básicos de control interno; garantizando una implementación uniforme del sistema de control interno, logrando la armonización de metodologías y herramientas tanto para su implementación como para su evaluación; produciendo como resultado mayor eficiencia, eficacia y efectividad en la Gestión Pública del Estado.
Este modelo genera una expectativa de cambio, de desarrollo y de avance organizacional, además de haberse convertido en un mandato legal; así mismo, se concibe como un modelo de gestión que proporciona a los gerentes públicos las herramientas para llevar a cabo su trabajo de una manera idónea, transparente y ágil.
